jueves, 18 de mayo de 2017

La vida tiene precio:


Farmacéuticas multinacionales deciden el acceso a la salud en América Latina

El Universal , México. 17 de mayo de 2017

Por Fabiola Torres López, Iván Herrera y Mayté Ciriaco
Con el apoyo de David Hidalgo y Álvaro Meneses en Lima, la Unidad de Datos de El Tiempo en Bogotá, Catalina Oquendo en Buenos Aires, Carmen Quintela en Ciudad de Guatemala y Daniela Guazo en Ciudad de México.
El pasado 6 de diciembre, cuando la onda expansiva del caso Lava jato golpeaba a toda América Latina, uno de los últimos episodios de la guerra que enfrenta a las farmacéuticas con los Estados y los pacientes pasó inadvertido en el auditorio de un lujoso hotel de la ciudad de Panamá. Después de dos años de gestiones, delegados de una coalición de organizaciones civiles de seis países consiguieron un espacio en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar un problema por el que está en riesgo la vida de millones de personas: el actual sistema de patentes como principal obstáculo para el acceso a medicamentos contra enfermedades graves como el virus del Sida, el cáncer y la hepatitis C. Fue la primera vez que un grupo de oradores de Perú, Colombia, Argentina, Guatemala, México y Brasil expuso ante este foro que las reglas de propiedad intelectual permiten a los grandes laboratorios condiciones de monopolio para disparar los precios de las medicinas.
“Las multinacionales farmacéuticas tienen el control de un sistema que impide extender los medicamentos a todos los que los necesitan.”, dice Germán Holguín, director de Misión Salud, la fundación colombiana que tomó la iniciativa de solicitar la audiencia. “Más de 700 mil personas mueren al año en la región por causas que pudieron evitarse”, precisa este abogado y economista caleño que estudia desde hace quince años el comportamiento de la industria farmacéutica.
Holguín está convencido de que existen todas las condiciones para calificar la conducta de los laboratorios que bloquean el acceso a las medicinas genéricas como un crimen de lesa humanidad juzgable por la Corte Penal Internacional.
“Estamos frente a un drama de gigantescas proporciones”, advierte.
Su preocupación coincide con las conclusiones del panel de alto nivel sobre acceso a medicamentos de las Naciones Unidas, que en su último reporte del 2016 ubica como un problema central: “las incoherencias entre las reglas de comercio y de propiedad intelectual con los objetivos de la salud pública y los derechos humanos”.
En este contexto, Ojo-publico.com ha realizado una investigación en alianza con periodistas de Argentina, Colombia, Guatemala, México y Venezuela, que revela las presiones de las compañías farmacéuticas sobre los Estados para prolongar sus monopolios mediante lobbies diplomáticos, acciones judiciales, vínculos cuestionables con funcionarios que representan conflictos de interés, la multiplicación de patentes a través de modificaciones menores a las medicinas para alargar su exclusividad y hasta denuncias por colusión entre farmacéuticas con el fin de bloquear la venta de fármacos similares de menor costo. El resultado ofrece un panorama de prácticas cuestionadas que explica las dificultades del acceso a las medicinas costosas para personas vulnerables a lo largo de América Latina.



El dinero o la vida


Uno de los más visibles detractores del comportamiento de las grandes farmacéuticas es el ex presidente colombiano Ernesto Samper. En 1989, tras sufrir un atentado que casi le cuesta la vida, Samper fue sometido a una trasfusión de sangre que le contagió la hepatitis C. Durante un año y medio, se sometió al tratamiento convencional, tan agresivo como una quimioterapia, sin éxito. La cura solo llegó tiempo después por medio del sofosbuvir, un fármaco del laboratorio estadounidense Gilead Sciences, que salió al mercado en el 2014 con la marca Sovaldi, y por el que su seguro médico pagó 84 mil dólares. La experiencia le hizo descubrir en carne propia el drama de los pacientes que requieren medicinas de alto costo.

“Cuando uno se pone a averiguar cómo un tratamiento puede valer mil dólares la píldora, si el costo de elaborarla vale menos de mil, le dan respuestas como: ‘Eso es lo que vale un hígado’. Como quien dice: ‘Su vida vale 84 mil dólares’”, cuenta el expresidente en una entrevista para esta investigación.
Hasta enero último Samper fue secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Allí descubrió que el tema era mucho más complejo.
“Cuando ya estaba curado, llegaron a mi oficina –en la secretaría de Unasur– los mismos (representantes) del laboratorio Gilead para proponer un acuerdo que permitiría cubrir el tratamiento completo por 6.400 dólares”, relata Samper. “Yo dije: ‘Perfecto, pero me van girando los 78 mil que me robaron’. Porque, ¿cómo pueden rebajar un tratamiento de 84 mil a 6 mil? Tienen que estarlo produciendo más barato”, recuerda el expresidente.

Precios tan altos como el fijado a Sovaldi son impuestos al amparo de patentes de veinte años, que a menudo se justifican con la presunta necesidad de cubrir los costos de investigación y desarrollo. Sin embargo, Gilead Sciences, la titular de las patentes de sofosbuvir, no inventó este medicamento: lo compró. Para ser más precisos, adquirió la compañía que lo había creado: Pharmasset, una pequeña firma biotecnológica con base en New Jersey. Y por si eso fuera poco, ahora se sabe que el precio de venta de sofosbuvir supera, en promedio, más de 800 veces el costo de su producción: un estudio de la Universidad de Liverpool concluyó que el tratamiento de 12 semanas con esta pastilla puede fabricarse a un costo que oscila entre 68 y 136 dólares.
El problema está en que pocos gobiernos ponen contrapeso a los abusos de las farmacéuticas a través de un recurso legal que tienen a su disposición para proteger la salud pública: las licencias obligatorias. Se trata de autorizaciones, concedidas a algún laboratorio, para elaborar productos que de ordinario no podría fabricar por estar protegidos con patentes. Este mecanismo está reconocido en el propio Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, vigente desde 1995, y la Declaración de Doha, suscrita en el 2001 por los países miembros de la Organización Mundial del Comercio.


Una base de datos de las licencias obligatorias, elaborada como parte de la investigación de The Big Pharma Project, revela que entre 1960 y 2016 solo catorce países recurrieron a este mecanismo que en 44 casos llevó a la reducción de precios de medicamentos bajo monopolio de doce farmacéuticas. Estos casos involucraron productos de GlaxoSmithKline, Abbott, Merck Sharp & Dohme, Bristol Myers Squibb, Gilead Sciences y Pfizer. La amplia mayoría de fármacos liberados de patente corresponde a antirretrovirales, tratamiento indispensable para mantener con vida a los pacientes con VIH, pero también hubo licencias para medicinas contra el cáncer, la artritis reumatoide, la hepatitis B, la diabetes y otras enfermedades.
En la lista de países que otorgaron licencias obligatorias aparecen solamente dos latinoamericanos: Brasil y Ecuador. El primero, que cuenta con una sólida industria farmacéutica nacional, usó este recurso en el 2001 para abaratar el costo del antirretroviral Efavirenz, que estaba bajo el control monopólico de Merck Sharp & Dohme. El segundo ha concedido diez licencias obligatorias y ha apostado por robustecer su industria farmacéutica al fundar la compañía pública Enfarma, orientada a la producción de genéricos. De hecho, en el 2009, el mismo año en que se creó Enfarma, el Gobierno de Ecuador emitió el decreto ejecutivo que declara de interés público el acceso a los medicamentos empleados para el tratamiento de las enfermedades que afectan a la población del país.
Ecuador comparte con Indonesia el récord de licencias obligatorias en el mundo. El gobierno de Rafael Correa liberó de patentes seis antirretrovirales que estaban en manos de los laboratorios Abbott y GlaxoSmithKline; dos medicamentos contra la artritis, que monopolizaban Merck Sharp & Dohme y UCB Pharma; un oncológico de Pfizer y un fármaco usado en trasplantes renales fabricado por Syntex.
Para sorpresa de muchos, la lista incluye a Estados Unidos, que en 1960 fue el primer país que concedió una licencia obligatoria. Ahora se opone a su uso en América Latina para proteger los intereses comerciales de las farmacéuticas de capitales estadounidenses. Las licencias obligatorias también han sido otorgadas por Italia (en tres ocasiones), Eritrea, Ghana, India, Malasia, Mozambique, Tailandia, Zambia y Zimbabue.
Lo que ha quedado claro es que en ninguno de estos casos se cumplieron las apocalípticas advertencias de los representantes diplomáticos de Estados Unidos y de las multinacionales farmacéuticas sobre inminentes sanciones comerciales o políticas para los países que aplicaran la medida. No obstante esa evidencia, el lobby diplomático y político que mueve esta industria acaba de frenar estos procesos en Colombia y Perú con los mismos argumentos.


lunes, 27 de marzo de 2017

Los médicos españoles se niegan a revelar lo que cobran de los laboratorios


Alberto Vigario, 
 

Los médicos españoles no quieren que sus relaciones económicas con los laboratorios farmacéuticos puedan ser publicadas de manera individual, tal como han decidido hacer por unanimidad las compañías farmacéuticas presentes en nuestro país en el año 2018.
En los últimos días, varias de las principales asociaciones profesionales del sector han manifestado abiertamente su rechazo frontal a esta medida de transparencia, adoptada en España por la patronal Farmaindustria en su nuevo código de buenas prácticas.
La más importante ha sido la postura tomada por la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme), la entidad que agrupa hasta 42 sociedades médicas de todas las especialidades y es la entidad de referencia en cuanto a su papel de representante del mayor número de profesionales del colectivo médico. En un comunicado oficial emitido sobre el asunto, esta federación ha afirmado que tiene “serias dudas sobre la legalidad de la desagregación de datos y su publicación a nivel individual de profesional médico, sin su autorización”.
La asociación se basa para ello en el Reglamento Europeo de Protección de Datos de las Personas Físicas y anuncia que recabará toda la información necesaria sobre la legalidad de la decisión de Farmaindustria “no descartando plantear petición de dictámenes alternativos o recursos legales si fueran necesarios”.
Esta entidad aboga por un modelo distinto, en el que todas estas ayudas de los laboratorios farmacéuticos para la formación de los médicos se entreguen directamente a las sociedades profesionales y sean éstas las que repartan luego ese dinero y no se haga directamente a los profesionales. Este sistema lo ha adoptado la patronal de fabricantes de tecnología médica, Fenin.
Los laboratorios ya hicieron públicos en el mes de junio del año pasado los primeros datos sobre estas transferencias, que incluyen desde los gastos por acudir a congresos médicos a pagos por prestación de servicios profesionales o transferencias por proyectos de investigación.

Más rechazo que en Europa

Sin embargo, en esta primera ocasión, los profesionales pudieron optar porque la cifra de ingresos recibida por cada laboratorio apareciera de forma agregada con el resto de los profesionales. Como la mayoría de los médicos españoles optó entonces por esta opción -en una proporción bastante mayor a la de sus colegas europeos, que también vivieron esta situación- la patronal Farmaindustria optó por ir un paso más allá y -tras recibir el visto bueno a la Agencia Española de Protección de Datos- decidió que todos los datos se publicarán de forma individual en el próximo año.
Para ello, desde este 1 de enero, todos los contratos de colaboración que las compañías farmacéuticas presentes en España están firmando con los profesionales sanitarios en este sentido recogen explícitamente que los datos de pagos serán publicados en el año 2018 de forma individualizada. Esto significa que cualquier médico que se niegue a firmar estos contratos no puede seguir colaborando con la industria.
 Los médicos españoles se niegan a revelar lo que cobran de los laboratorios – elEconomista.es

Argentina: duro cruce en la Comisión de Salud de Diputados




Cambiemos y la oposición intercambiaron durísimas acusaciones en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, cuya presidenta, Carolina Gaillard del FPV,  había pedido la asistencia del ministro de Salud, Jorge Lemus, y de las autoridades del PAMI y la ANMAT.

“La salud de la población y el acceso a los medicamentos están por encima de cualquier interés partidario o sectorial. En este sentido, que el oficialismo no concurra a las reuniones de Comisión habla de una falta de sensibilidad y de responsabilidad en la gestión que alarman”, señaló Gaillard, al denunciar que los funcionarios oficiales y los diputados de Cambiemos boicotearon las dos últimas reuniones de la comisión.

Por su parte, Hermes Binner (Socialismo-Santa Fe) denunció  “los aumentos desmedidos e indiscriminados” de los precios de medicamentos, pidió que “la población debe tener medicamentos seguros y accesibles y es por eso que esta política debe ser prioridad”.

Durante el debate en la Comisión de Salud – sin Cambiemos-  diputados de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Misiones, Tierra del Fuego, San Luis y Entre Ríos coincidieron en sus cuestionamientos por la falta de envío de medicamentos y recursos a sus lugares de origen.

Mirta Tundis (Frente Renovador) denunció una situación crítica en el PAMI y señaló que “el cambio de figuritas -por la renuncia de Regazzoni- no se hizo para optimizar. Regazzoni se fue porque no quiso aceptar la reducción de mil millones de pesos en su presupuesto, así que cabe preguntarse si quien asumió va a implementar ese ajuste con la reducción de las prestaciones. Hay desilusión y decepción: hoy el PAMI no entrega ni siquiera los bastones para ciegos”.

La Comisión de Salud aprobó seis pedidos de informes sobre la discontinuidad del Programa REMEDIAR, el Plan INCLUIR Salud, faltantes de medicamentos oncológicos, importación de medicamentos, aumentos de precios de los medicamentos y la designación de las autoridades del Hospital Posadas.
El diputado Jorge Franco (Frente de la Concordia–Misiones) se preguntó “si aún existe o no el Plan REMEDIAR, y si existe con ese u otro nombre, por qué no llegan los medicamentos a los pacientes. Hoy las provincias y los municipios deben hacerse cargo de lo que el Gobierno Nacional no hace. Falta gestión”, manifestó.

La diputada Berta Arenas (Compromiso Federal – San Luis) denunció que “someten a los ancianos a situaciones humillantes e indignas, y los diputados no podemos ser cómplices del gobierno nacional. Esta irresponsabilidad puede significar la muerte de una persona. En Salud no se puede improvisar”.

Carlos Castagneto (FpV-Buenos Aires) manifestó que “las provincias y los municipios ponen plata mientras el Ministerio de Salud subejecuta partidas presupuestarias. Deben dejar de mentirle a la sociedad, y que los funcionarios tomen conciencia del cargo que están ocupando”.

Por último, Juan Manuel Huss (FpV-Entre Ríos) señaló que “presenté el pedido de informes ante los faltantes de medicamentos del Banco de Drogas Oncológicas. Más de 10 mil personas ven discontinuados sus tratamientos. Los pacientes de cáncer no pueden suspender sus tratamientos por cuestiones burocráticas o de presupuesto. Creemos oportuno escuchar la voz del Ministro Lemus, y que nos explique las causas por las que no están siendo entregadas las drogas oncológicas”.

La respuesta no se hizo esperar y Cambiemos distribuyó horas después un comunicado titulado “Cuidar la salud también es curarnos de la enfermedad que pudrió todo: la corrupción”. El título fue por demás de elocuente.

El bloque de Cambiemos afirmó que durante el gobierno de Mauricio Macri “aumentamos un 90% el stock de medicamentos a un valor 46% inferior. Por esto, los diputados de la oposición deberían llamar a los ministros de la gestión anterior”.

Cambiemos aseguró que “demostramos que es posible mantener e incluso ampliar las coberturas a menores costos. Quienes nos precedieron deberían explicar si con sus acusaciones están confesando que eran ineficientes o, peor aún, que robaban”.


El listado de Cambiemos sobre los avances en salud incluyó:
-Cubrimos con un vademécum de 69 medicamentos esenciales a 15 millones de personas, a través de 7394 efectores de salud.
-Adquirimos 12 millones de dosis de vacuna antigripal para niños y adultos, 12 millones de dosis de vacuna contra el neumococo, 1,9 millones de dosis de vacuna contra la polio, 1,5 millones de dosis de vacuna contra el virus del papiloma humano.
-Adquirimos 9 millones de envases de leche para mujeres embarazadas y para niños de bajo peso menores de 2 años,
-Adquirimos tratamientos para enfermedades respiratorias estacionales y medicamentos de uso en partos, neonatales, etc. por un valor de $134 millones.
-Adquirimos medicamentos oncológicos por aproximadamente 5170 millones, tanto destinados a tratamientos programados como para cubrir el stock crítico.
-7 de cada 10 personas con VIH se atienden en el sistema público y para ellas se adquirieron los medicamentos necesarios, con una inversión superior a los $933 millones.
-Entregamos anticonceptivos hormonales por $ 12 millones y una partida por $69 millones será entregada en abril. Hay 42 mil anticonceptivos subdérmicos en proceso de distribución, y entre abril y mayo distribuiremos 5 mil dispositivos intrauterinos.
En las licitaciones a través del PNUD aumentamos un 90% los productos adquiridos y redujimos un 46 por ciento su precio unitario. De esta manera, mientras en 2014 se invirtieron 44 millones de dólares para adquirir 334 millones de unidades de diversos medicamentos; en 2016, con 45 millones se compraron 635 millones de unidades.
-En 2015 se invirtieron 42 millones de pesos para comprar 29 millones de preservativos. En 2016 se gastó la misma cifra y se adquirió exactamente la misma cantidad de preservativos, a pesar de la inflación de estos dos años.

Más proveedores disminuyendo la concentración del mercado para mejorar la competencia y disminuir costo
-En la citada licitación PNUD 2014, los primeros 5 laboratorios representaban el 71% del monto total. En 2016, esos 5 laboratorios bajaron al 60%
-Incorporamos a los laboratorios públicos como proveedores de medicamentos. Por ejemplo, el PROZOME, de la provincia de Río Negro, será el proveedor de medicamentos contra la tuberculosis, a través de un programa de $108 millones que garantiza cobertura gratuita a todos los pacientes.
“Con todos estos datos creemos que cuando la oposición se preocupa por el sistema de salud debería mirarse a sí misma. Tal vez deberían convocar a los anteriores ministros del área y muy especialmente al último, para que intente explicar sus tan ineficientes sistemas de compra”, remató.

original en http://www.pharmabaires.com/792-duro-cruce-en-la-comision-de-salud-de-diputados.html

sábado, 25 de marzo de 2017

Argentina: El Pami restringió los antipsicóticos y explotaron las guardias de los hospitales


LPO, La Política Online, 24 de marzo de 2017
 
 
La cobertura se limitó a un 50% pero para drogas que cuestan hasta un 900% más. El rol de Quintana.
La salida de Carlos Regazzoni del PAMI por la inconformidad de Mauricio Macri con su tibio ajuste le permitió no tener que dar explicaciones por la crisis en salud mental, ocasionada por la quita del subsidios y la flexibilización del mercado de medicamentos.

A partir de estas medidas, los laboratorios están limitando la venta de sustancias claves como prometazina, un antihistamínico adictivo utilizado como antipsicótico por su alta efectividad y por ser uno de los más económicos. Y también están retirando del mercado el halopidol, una droga de reúne cualidades similares.
"No hay reemplazo. Las drogas que quedan son carísimas, como la quetiapina y la olanzapina, que los pacientes no pueden pagar. Las consultas psiquiátricas en los hospitales son cada vez más porque los pacientes suspenden los tratamientos", explicó a LPO una prestadora de PAMI que prefirió la reserva.
Fenergan, una de las presentaciones comerciales de la prometazina, figura en el vademecum con un precio de lista de $51,79 para el PAMI de $25,90 por la presentación de 30 comprimidos. En el otro extremo, Midax, el nombre de fanatasía de la olanzapina, tiene un precio de lista que va de los $1093,62 o $2143 por la presentación de 28 comprimidos de 5mg y 10mg respectivamente.
El precio para los afiliados de PAMI con el 50% de descuento queda entonces en $546,81 a los $1071,53, según la concentración de la droga por comprimido. Y el de lista de la quetiapina va de los $1078 para la caja de 30 comprimidos por 100mg a los $2802 o incluso $3869 para la de 400mg, dependiendo de la marca.
Estos precios son producto de la negociación de los precios de medicamentos que los vicejefes de Gabinete, Gustavo Lopetegui -ex Lan- y Mario Quintana -ex Farmacity-, encararon a principio de año con los laboratorios antes de la salida de Regazzoni.
El vicejefe de Gabinete y dueño de Farmacity, Mario Quintana.
El problema es que el PAMI anteriormente cubría el 100% de hasta cinco medicamentos. Y desde que instrumentó la quita de los subsidios sólo están cubiertos quienes demuestren sus necesidades mediante un agudo trámite. Mientras tanto, el tratamiento antipsicótico se interrumpe con el riesgo de un brote psicótico, denuncian los psiquiátricas que prestan servicio en la obra social de los jubilados.
Además, el Gobierno dispuso restricciones a la cobertura de muchos afiliados, como quienes cuenten con medicina prepaga, un automóvil con una antigüedad no menor a 10 años o cobren haberes superiores a 1,5 veces la jubilación mínima. Ninguno de ellos puede acceder a una cobertura del 100% y en el mejor de los casos se les financia la mitad de los medicamentos, pero a un precio varias veces superior que en muchos casos los hace impagable.
Esos valores también complican las finanzas del PAMI, porque encarece al menos un 900% la cobertura antipsicótica, incluso si los afiliados pasan a pagar la mitad del precio de las dorgas. Es que de cubrir el 100% de sustancias valuadas a $51,79, por las gestiones de Quintana y Lopetegui el organismo pasó a cubrir el 50% de otras que cuestan $546,81, $1071,53 o incluso más.
De cubrir el 100% del medicamento con $51,79, gracias a las gestiones de los vicejefes de Gobierno, el PAMI pasa a cubrir el 50% con $546,81 o aun más

La alternativa para los pacientes con dificultades para acceder a la cobertura total del tratamiento es mediante el programa Remediar, un plan que otorga subsidios del 100% de la medicación a pacientes sin la capacidad adquisitiva para comprarlos. Sin embargo, los médicos denuncian recortes en este plan y que la burocracia para acceder a este programa se ha incrementado. De esta forma, advierten los psiquiatras, los plazos administrativos prolongan el tiempo de los pacientes psiquiátricos sin tratamiento.

http://www.lapoliticaonline.com/nota/104376/

viernes, 17 de marzo de 2017

Trivenz® (Richmond) , el primer genérico en Argentina con la asociación de Efavirenz, Emtricitabina y Tenofovir D.F.

PMFarma, 17 de marzo de 2017
Nuevo genérico de Richmond para VIH con desarrollo argentino exclusivo
Laboratorios Richmond ha anunciado el lanzamiento de Trivenz®, el primer genérico en Argentina con la asociación de Efavirenz, Emtricitabina y Tenofovir D.F.  

 
Los avances de la ciencia nos permiten en la actualidad saber cómo se transmite y previene el VIH y ofrecer tratamientos con medicamentos que inciden significativamente sobre el cuadro clínico de los pacientes, disminuyendo la tasa de mortalidad y morbilidad de la infección.
Los esquemas de tratamiento antirretrovirales son ahora más simples y de fácil administración, menos tóxicos y más tolerables a largo plazo. Así, cuando antes se inicia el tratamiento es mejor para los pacientes. Además, al estar tratados, se reduce en forma importante la transmisión de la enfermedad, es decir, el tratamiento forma parte de la prevención.


Según las guías 2016 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el régimen antirretroviral preferido en primera línea para adultos es el de la combinación de 3 fármacos: Efavirenz, Emtricitabina y Tenofovir D.F.  
Al estar formulados en un solo comprimido,  solo es necesaria una toma por día, lo que aumenta la adherencia al tratamiento y su efectividad. 
Dicho producto ya se encuentra comercializado en Argentina desde hace varios años en su versión original importada bajo la marca Atripla® del laboratorio estadounidense Gilead. 
El mismo se presenta en una forma galénica patentada internacionalmente, donde los componentes están dispuestos en dos capas (comprimido bicapa) para lograr la compatibilidad entre los mismos.
En este marco, Laboratorios Richmond ha anunciado el lanzamiento de Trivenz®, el primer genérico en Argentina con la asociación de Efavirenz, Emtricitabina y Tenofovir D.F.  A los efectos de no infringir la patente del producto de referencia, el laboratorio argentino ha desarrollado en exclusiva un comprimido monolítico, donde los principios activos están distribuidos de manera uniforme dentro del mismo y aseguran la compatibilidad físico-química y la biodisponibilidad del producto. Esto permite, sin riesgo a separar las capas, una mejor distribución de la dosis en caso de partir el comprimido para facilitar la deglución.


Trivenz® es bioequivalente al producto de referencia de acuerdo al estudio aprobado por ANMAT, según Disposición Nº 0839/17. Además, se presenta en un empaque diferencial al frasco original, un blíster de aluminio que garantiza la estabilidad del producto y permite una mayor comodidad y control en la administración del medicamento. El producto fue desarrollado y es producido en la planta de Richmond ubicada en el Parque Industrial de Pilar con equipos de última tecnología en el ámbito de la biofarmacéutica.

Con el lanzamiento de Trivenz®, Laboratorios Richmond cumple con su premisa fundamental de acercar a los pacientes el primer genérico de un producto antirretroviral reconocido, mejorando sustancialmente el valor del medicamento, lo que se traduce en una mayor accesibilidad al tratamiento del VIH. De esta manera, se colabora en la eficiencia del gasto en medicamentos, tanto público como privado, cooperando con la sostenibilidad del sistema de salud y con el desarrollo del bienestar de la sociedad en su conjunto.
 
 
 

jueves, 16 de marzo de 2017

a propósito del CUS: Salud no es sólo buena atención médica

Raúl Torres. Médico sanitarista. Ex Superintendente de Servicios de Salud
Clarín, 16 de marzo de 2017

En su mensaje del 1° de marzo, el presidente Macri menciono la cobertura universal de salud (CUS), como un logro efectivo de su gobierno. Sin embargo, existe una amplia percepción de que una fuerte retórica, casi vacía de contenido, rodea la CUS más allá de intenciones, expresiones de deseos, a las que todos adherimos y no cuestionamos desde su fundamentación, como nuevo slogan que reemplaza incumplidos postulados, abandonados en reuniones y documentos de consenso etéreos, que pocos leen, y los que firman no esperan cumplir.

Avanzar en la CUS requiere un ministerio con poder, que pueda incidir sobre la realidad de la gente; porque aunque formalmente encarne la máxima autoridad sanitaria, en la práctica tiene poca o nula incidencia sobre dos organismos que gastan mas del doble que el ministerio y tienen en su jurisdicción la salud del 60% de los argentinos: PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

La enorme cantidad de recursos que gestionan dan a sus conducciones peso politico y capacidad de negociacion mayor al ministerio. Si se alinearan con programas y políticas concertadas en objetivos, estrategias y metodología adecuadas, cabrían esperar evoluciones sustanciales en el sistema. Prueba ello es que cambios y cuestionamientos a la cartera sanitaria no movilizan interés del público ni de los medios, a diferencia de la renuncia de un Ministro de Hacienda, pues se piensa que las decisiones económicas impactan en la vida cotidiana de modo trascendente y se ignora que el uso y resultados del sistema sanitario, la condicionan fuertemente en un país donde 1 de cada 3 personas es pobre.

La política sanitaria requiere equipos con programa explícito y convicción de que la misión es más importante que el protagonismo; conjunción de voluntad política y capacidad que permita integrar recursos y generar acuerdos que sobrevivan más de una administración. Y que el camino a una cobertura universal no se reinvente cada cuatro años.

Hoy nos hemos quedado sin voz, espacios políticos en que a nadie interesa, y debemos salir de este statu quo cristalizador de inequidad, ir por el desafío de liderar un cambio desde el sector, y reasumir el compromiso de disminuir progresivamente desigualdades recuperando efectores públicos de excelencia, con un nivel de accesibilidad y calidad igualador, con acreditación, que desarrolle técnicas, investigaciones y forme recursos humanos.

Elaborar un plan de gestión consensuado, y no un plan de obras, como si el problema fueran ascensores que no funcionan, ni funcionarán en nuevos edificios si no se resuelven otros aspectos del sistema. Los indicadores muestran de manera indiscutible una indigna inequidad en la salud de los argentinos. El sistema federal, centralista en materia fiscal, impulsa discusiones de distribución económica pero no de las evidentes inequidades jurisdiccionales de servicios sanitarios cuya “independencia” sostiene como orgulloso logro.

Hablar de salud por la disputa de dos entidades privadas que cubren a 10% de la poblacion, o al aumentar la cuota de prepagas, por el deterioro edilicio del hospital público, o el descubrimiento de una nueva droga de evidencia aún dudosa, muestra que estamos superados por un sistema atravesado por intereses poderosos, sin equivalencia con la conviccion ética y de justicia social.

Pelea sin equilibrio, entre un poder económico que da una discusión de la actualidad basada en el suceso, la evidencia científica sesgada, la exaltación de la medicalización, alejada de la del bienestar general, y no puede ser librada sin compromiso y conciencia de que la política de salud debe ser solidaria, redistributiva y contribuir al desarrollo nacional. Hay que exponer a la conciencia de la sociedad esta problemática, y proponer un sistema de salud que no sea solamente visto como una institución que proporciona intervenciones biomédicas sino también que promueva un conjunto de bienes sociales que contribuyan al bienestar general, acabe con el hambre, proporcione servicios de agua potable, cloacas, eliminación de basura y calidad de vivienda, protección del medio ambiente y garantice igualdad de género.

Buena salud no es sólo atención médica sino mejorar acceso equitativo a servicios de calidad, innovar en redes de atención inicial de calidad y resolutiva, corredores que preserven emergencias de vida, atención especializada de corta estadia, prestadores de cuidados de transición, a la Tercera Edad, adicciones, salud mental, y cobertura universal de medicamentos ambulatorios.
Una mirada más cercana a las inquietudes de los postergados, pensando en, con y por ellos, sin conflictos de intereses o posturas partidarias, superará diagnósticos para dejar paso a la acción y concreción. La inequidad repercute en la salud toda la vida y es indispensable poner salud en todas las políticas, como cuestión de justicia social, con acciones universales, de intensidad proporcional al nivel de desventaja.
Reincorporar la idea de justicia social porque ésta no tiene eco en un sistema de maximización de ganancias, cuyo principal argumento son hoteles de lujo que dan servicios de salud, farmacia en cada esquina, médico a domicilio, implantes importados, medicamentos por marca, con despilfarro y demagogia social y promueve una desigualdad que jerarquiza a quienes tienen capacidad de pago, y posterga a los que no tienen “cobertura formal”. Para generar una sociedad más justa debemos crear una sociedad más sana.

martes, 14 de marzo de 2017

Argentina: Oficina de Estados Unidos USPTO "capacita" a oficina nacional de marcas y patentes INPI

Observatorio sudamericano de patentes, 13 de marzo de 2017



Abogado John Rodriguez, funcionario de la USPTO capacitando en el INPI de Argentina.
El presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), Dámaso Pardo, estableció un convenio bilateral de patentes y de marcas con la oficina de marcas y patentes de los Estados Unidos (USPTO, siglas en inglés) para adaptar los estándares de la oficina del país del Norte a la institución argentina y permitir el patentamiento y el registro de signos distintivos a empresas de ese país .


El convenio con el organismo de los Estados Unidos forma parte de las nuevas políticas de la oficina argentina INPI en favor de empresas de EEUU que presentan Marcas y que tienen solicitudes de Patentes en el INPI. Las empresas reclaman por los prolongados tiempos de los trámites y la dificultad para obtener patentes de productos medicinales y biotecnológicos.

El convenio incluye actividades de formación tanto en patentes como en marcas y tiene por objetivo capacitar a los examinadores argentinos sobre las mejores prácticas de tratamiento de solicitudes de registro de EEUU. De esta forma la USPTO se asegura que los empleados y técnicos argentinos sigan los procesos de concesión de marcas y patentes de acuerdo a los parámetros establecidos en los Estados Unidos.

Dámaso Pardo, un abogado especialista en propiedad industrial y socio de José Alfredo Martínez de Hoz (h) en el estudio PAGBAM hasta días antes de asumir su cargo, tenía tramitadas más de 2000 marcas y más de 200 patentes ante el propio INPI. El director de la Administración Nacional de Marcas trabajó con Pardo en PAGBAM y tiene a su cargo la resolución de sus propias solicitudes de Marcas.
Pardo se ha visto en controversias con las empresas farmacéuticos nacionales opuestas al patentamiento de medicamentos en Argentina y el acuerdo firmado con la USPTO lo coloca nuevamente en el ojo de la tormenta.
El presidente del INPI  implementó el acuerdo internacional de forma secreta y sin publicarlo en el boletín oficial de Argentina como hiciera con las resoluciones internas sobre patentes 56 y 125.

La capacitación USA comenzó los días 16 y 17 de febrero, en el propio INPI, con un Taller de Examen de Marcas (Trademark Examination Workshop) llevado a cabo por dos funcionarios del gobierno de EEUU, Laura Hammel y John Rodriguez, este último responsable de la cooperación internacional de la USPTO para América Latina y El Caribe.
En próximas semanas se espera que la oficina de EEUU capacite también a los examinadores de patentes en materia de PPH,:el procedimiento rápido de concesión de patentes. 
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Laura Hammel
IP Attaché for Mercosur, Guianas, and Suriname
U.S. Consulate General - Rio de Janeiro, Brazil United States Patent and Trademark Office
Email: laura.hammel@trade.gov


John Rodriguez
Attorney Advisor, Office of Policy and International Affairs
United States Patent and Trademark Office
Email: john.rodriguez@uspto.gov