Las ONG anticipan que el borrador está "lejos de las personas" que viven con el virus; reclaman evitar monopolios con los medicamentos
El borrador de la declaración política que acordarán esta semana los estados miembros de las Naciones Unidas para controlar la epidemia del VIH/sida en el mundo ya provoca dudas y cuestionamientos entre las organizaciones de la sociedad civil. En Nueva York, sus representantes unificaban ayer estrategias para mejorar ese documento final en los debates sobre cómo controlar la epidemia en el mundo en los próximos 14 años que comienzan hoy en la sede de la ONU.
Ese primer borrador, al que se puede acceder en el sitio online de Onusida, posee 74 puntos en los que coincidieron las misiones de los países el 26 de febrero y el 8 de abril pasados, además de las propuestas durante la Audiencia de la Sociedad Civil en ese período. Según pudo conocer ayer LA NACION, estaba previsto que la versión final estuviera definida hace una semana. Fuertes diferencias entre las delegaciones oficiales de algunos de los países, como Rusia, que viajaron a la reunión y sus misiones ante la ONU retrasaron esa posibilidad.
También influyeron reclamos de organizaciones de la sociedad civil, según comentaron ayer a LA NACION por vía telefónica desde Nueva York representantes argentinos.
"La declaración política, cuyo borrador ya fue publicado y está siendo discutido para su publicación final, es un texto fundamental para definir lineamientos de trabajo, prioridades y compromisos en la respuesta global a la epidemia de VIH/sida", indicaron desde la Fundación Grupo Efecto Positivo (FGEP), que trabaja en el país para eliminar las barreras de acceso a los medicamentos para el tratamiento del VIH/sida y la hepatitis C.
Lorena Di Giano, directora ejecutiva de la FGEP, será parte hoy de la delegación oficial del país. Explicó que la declaración política de la Reunión Alto Nivel sobre el VIH/sida es "un texto fundamental para definir lineamientos de trabajo, prioridades y compromisos" ante la epidemia.
Un comunicado de la FGEP en nombre de las organizaciones de la sociedad civil y las redes de personas que viven con VIH de nuestro país y el resto de América latina, señala que dada la importancia del documento de esta cumbre, "las organizaciones que trabajan desde hace décadas en el tema en la región están monitoreando las negociaciones y están alarmadas por las versiones que indican que el texto final" pueda cerrarse antes de la llegada de sus representantes.
Les preocupa especialmente que no haga referencia a herramientas para evitar que el derecho de propiedad intelectual sobre los medicamentos sea una excusa para crear monopolios. Eso es importante para la región porque América latina y el Caribe poseen la cobertura más alta de las personas que viven con VIH/sida en el mundo. Controlar los precios es fundamental para sostenerla. Con la prevención y la reducción de la mortalidad, la cobertura es indispensable en el camino que se propone la ONU para controlar la epidemia.
"Nosotros, jefes de Estado y gobierno y representantes de los Estados y los gobiernos reunidos en las Naciones Unidas entre el 8 y 10 de junio de 2016 reafirmamos nuestro compromiso para terminar la epidemia de sida para 2030 como nuestro legado a las generaciones actuales y futuras", se lee en el primer artículo de la declaración.
José María Di Bello, miembro de la Red Latinoamericana por el Acceso a los Medicamentos (Redlam), dijo ayer desde Nueva York que el documento es "el gran tema en agenda" de esta reunión. "Por un lado -indicó- el último borrador incluye a las poblaciones clave (los hombres que tienen sexo con hombres, los trabajadores sexuales, mujeres trans, usuarios de drogas, personas en prisiones y migrantes) de manera estigmatizante y discriminatoria: lo hace en términos de posibilidades de transmitir el virus."
Di Bello coincidió en que efectivamente hay una mayor prevalencia de la infección en esos grupos, pero explicó que es la primera vez que se los incluye sólo por eso. "Y tiene que ver con la puja de la industria farmacéutica en el mundo -sostuvo-. La tendencia es medicalizar la epidemia: no sólo darles tratamiento a los pacientes, sino también a las personas en situación de riesgo."
Ayer, en una reunión, las ONG de América latina y otras regiones acordaron plantear la modificación de esa referencia y que se incorpore en el documento final la facultad de los Estados de permitir producir un fármaco sin la autorización del dueño de la patente si existiera alguna práctica que pusiera en riesgo el acceso al tratamiento. "El financiamiento de la epidemia de parte de los países y los donantes privados es la discusión grande de fondo. Muchos medicamentos están bajo un monopolio debido a las patentes, lo que afecta la producción de genéricos", indicó Di Giano.
Una de las soluciones que se proponen en el borrador es el uso de licencias voluntarias: la empresa con derechos sobre un medicamento los cedería voluntariamente. "Pero el problema es que eso se aplicaría sólo a los países de renta baja. Quedan excluidos los de renta media y alta, como la Argentina. Y esto, en un mundo en el que la discusión es por el dinero disponible, es muy importante porque la mayor parte de los recursos existentes van a la compra de medicamentos", agregó.
En ese contexto, señaló: "Necesitamos poder acceder a los genéricos para garantizar el acceso universal al tratamiento y necesitamos que la delcaración política lo exprese. Se está discutiendo como Estado, no como gobierno y la sociedad civil tiene un papel fundamental en la definición de las políticas públicas por su trabajo cotidiano con las personas sujeto de esas medidas".
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